La Generalitat de Catalunya no quiere que los ayuntamientos gestionen el registro de solicitantes de viviendas de protección oficial (VPO), mediante el cual se aplica el mecanismo de adjudicación de los pisos sociales. El Govern pretende que sean los promotores quienes se hagan cargo de la gestión de las listas, y que ese registro se mantenga tan solo a título estadístico.
El secretari d’Habitatge de la Generalitat, Carles Sala, ha comunicado recientemente a los integrantes de la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios (APCE) que esta será una de las primeras modificaciones en la política de vivienda que el Govern quiere llevar a cabo «inmediatamente».
La Generalitat quiere modificar este mismo año el procedimiento establecido en la ley 18/2007 del derecho a la vivienda. «Es nuestra voluntad conseguir que el promotor, público y/o privado sea quien diseñe y sea quien dirija un procedimiento de adjudicación, lo más simple posible para todas las viviendas de promoción», dijo el secretario en un encuentro con el sector privado.
El secretari d’Habitatge de la Generalitat, Carles Sala, ha comunicado recientemente a los integrantes de la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios (APCE) que esta será una de las primeras modificaciones en la política de vivienda que el Govern quiere llevar a cabo «inmediatamente».
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