Obligación de realizar la Inspección Técnica
Desde este año y hasta el 2015 todos los edificios de viviendas de Catalunya con una antigüedad superior a los 45 años deberán someterse a una inspección técnica para verificar el estado de mantenimiento del inmueble. Este informe rondará aproximadamente los 50 euros por domicilio en edificios de entre 12 y 22 viviendas –entre 600 y 1.100 euros por comunidad de propietarios–. según explicó el conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, durante la firma del convenio de colaboración entre la Generalitat y los colegios profesionales para que colaboren en el control de la inspección técnica de edificios (ITE). Los precios de este examen obligatorio serán más caros en aquellos inmuebles que tengan menos vecinos.
El profesional (arquitecto técnico ,aparejador...) redactará un informe que será enviado a la Generalitat para que emita un certificado de actitud calificando el edificio de apto o no apto. En el caso de que las deficiencias sean consideradas “muy graves”, la administración podrá decretar el desalojo inmediato y clausura del edificio e imponer sanciones económicas a los propietarios.
El certificado tendrá una caducidad de diez años. Una vez pasado este periodo de tiempo, deberá volver a iniciarse todo el proceso. De ahí que ayer Recoder instara a las comunidades de vecinos a disponer de un “técnico de cabecera”(aquitecto técnico,aparejador...)que revise regularmente las instalaciones para solventar cuanto antes los fallos. La normativa establece diversas categorías resultantes de la inspección: en buen estado, con deficiencias leves, graves o muy graves. En estos últimos casos, el técnico deberá determinar a través de un informe las mejoras necesarias para subsanar estas carencias, ya sean estructurales o de elementos comunes. Las comunidades de propietarios deberán acreditar después, ante la Agència de l’Habitatge de Catalunya, que se han hecho obras y se han subsanado los problemas.
Recoder firmó convenios con los colegios de arquitectos, aparejadores, ingenieros de edificación y de fincas con el fin de que colaboren en las inspecciones. Estos organismos comprobarán que los técnicos que elaboran los informes están colegiados, que la documentación está completa y que el contenido del examen sea conforme al decreto que regula la normativa. Una vez efectuadas estas comprobaciones, el colegio enviará un certificado de idoneidad que se entregará junto al análisis de la inspección a la Generalitat. Por el momento, los administradores de fincas serán los encargados de publicitar la nueva norma, que entró en vigor el pasado mes de febrero
